Tierras y desalojos (El lento exterminio de los aborígenes tucumanos)

“Si la distribución de alimentos en la Tierra fuera justa, habría comida suficiente para todo el mundo”. Quien lo escribe es Jean Ziegler en su libro “El hambre en el mundo explicada a mi hijo”. Este intelectual suizo, profesor de sociología en la Universidad de Ginebra y la Sorbona, París, es doctor en Derecho y Ciencias Económicas y Sociales egresado de la Universidad de Berna. El texto fue llevado al cine en un documental maravillosamente doloroso que contó con el guión de nada menos que el genial Werner Herzog. Ziegler es de la clase de personajes con las que Néstor Kirchner gustaría de sacarse una foto y del que la mayoría de los diarios publicaría un extenso reportaje en sus ediciones dominicales. Sin embargo, ni Kirchner ni los diarios publicaron una sola línea de la carta que el profesor suizo le envió al canciller Jorge Taiana en su calidad de Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas. En esas líneas, fechadas el 12 de mayo último, la ONU le solicitaba al gobierno argentino que tomara medidas para que frenar los desalojos de pobladores originarios en Tafí, Amaicha del Valle y otros pueblos de los Valles Calchaquíes. No hubo medidas ni contestación oficial. Unos días más tarde pudo conocerse que Ricardo Barreiro, secretario del matrimonio Kirchner está terminando un hotel cuatro estrellas en Amaicha, sobre terrenos usurpados a los diaguitas.

Expulsados

El problema de la expulsión de aborígenes de sus tierras ancestrales es una cuestión común a los pobladores rurales de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Chaco y Formosa. Es que el avance del país sojero (que sólo genera más exclusión en los pueblos apartados y se lleva la riqueza a las ciudades y a las grandes multinacionales agroalimentarias y agroquímicas) ha hecho que la avidez por tierras se multiplicara y la inacción de los gobiernos y de la justicia dejara hacer a los inescrupulosos hombres de negocios. Hombres que también llegan a comarcas antes olvidadas atraídos por el negocio del turismo internacional. A ellos nada les importa de los derechos de los pueblos originarios. Dicen que llevan consigo las virtudes del capital.

Claro que la carta de los relatores de la ONU denuncia casos de expulsiones en las comunidades tucumanas de Tafí del Valle, El Mollar, Amaicha y Kilmes. Esta vasta zona, gracias a la incomunicación que mantuvo con el resto del país hasta bien entrados los años 60, ofrece todavía lugares de insospechables riquezas y bellezas naturales. Y, sobre todo, pueblos que mantienen costumbres centenarias y una admirable convivencia con el medioambiente y la madre tierra.

En Tafí del Valle, el 2 de marzo pasado, la Policía desalojó a 22 familias que vivían en la zona conocida como Los Cuartos. Les incendiaron sus viviendas y las familias fueron reprimidas con balas de goma. Hubo 15 heridos. Las fuerzas de seguridad cumplían una orden de la jueza de Instrucción Emma Lidia de Nucci. Un tal Ezequiel Terán reclamaba la propiedad de las tierras y pidió el desalojo.

En Los Cuartos pueden verse algunos chalets de estilo menemista que insisten con sus colores provocadores en afear la montaña. El lugar fue loteado hace un tiempo y, por precios módicos, adquirieron sus terrenos varios integrantes de la casta dirigencial tucumana.

Castas

Terán reclamó por el lugar en el que se vivían las familias quechuas portando papeles de derechos de propiedad que quizás permanecieron por años en los escritorios familiares. Los Terán son terratenientes desde el siglo XVIII en todo el noroeste argentino. Es que José Villegas Terán el fundador del este linaje ocupó hacia 1780 los cargos de Comandante de Armas, Teniente de Gobernador y Delegado de la Real Hacienda. Seguramente su desempeño en pos del sometimiento indígena fue lo suficientemente eficaz para que la corona de España le otorgara una importante extensión de tierras. Los títulos nobiliarios cayeron en desuso tras la disposición de la Asamblea Constituyente en octubre del año XIII. Las disposiciones nunca fueron completas en la Argentina: la Asamblea olvidó cuestionar la propiedad de esos olvidados territorios de ríos y montañas inaccesibles y por supuesto de cientos de legua de la pampa. Estos papeles fueron para la jueza Emma de Nucci más importantes que el reconocimiento que hace sobre las tierras de los pueblos originarios la propia Constitución Nacional.

Los descendientes de Villegas Terán dejaron su marca en la sociedad tucumana. José Manuel Villegas Terán, educado en el tradicional Colegio de Monserrat de Córdoba, participó del Congreso que declaró la Independencia el 9 de julio de 1816. Juan Manuel, su hijo, fue gobernador de Tucumán en 1861. Juan Bautista Terán fue, a principios del siglo XX, un reconocido jurista e historiador y fundó la Universidad Nacional de Tucumán. A lo largo del siglo que pasó otros Terán ocuparon cargo públicos, desde gobernadores a jueces. Claro que el linaje siguió la parábola de la decadencia nacional: en agosto de 2002, Sisto Terán, por entonces vicegobernador, fue acusado de pagar coimas para que se aprobara la reforma de la Constitución de la provincia. Esa misma en la que su ilustre antepasado, Juan Bautista, había ayudado en la redacción, allá por en los primeros años del 1900.

Y como los laureles parecen ser del pasado, la familia, al menos quiere hacerse de los valores de las tierras heredadas directamente de la corona española. En la web puede verse que don Gustavo Terán vende La finca “Anfama”. El hombre ofrece el lugar pensando en un comprador extranjero que desembolse uno 720 mil dólares por una 800 hectáreas “con una mezcla de mesetas, valles, quebradas, hondonadas, con picos y desfiladeros. Es un lugar de singular belleza apta para el cultivo, como para el Turismo o simplemente para el propietario el de tener un gran Rancho”. Habla de la vegetación y de los animales y hasta ofrece una pista para avionetas. Pero se olvida de los aborígenes que residen ahí desde hace siglos y que, sin dudas, serán expulsados cuando lleguen los nuevos dueños extranjeros.

Engaños y poder

Para llegar a Amaicha del Valle desde Tafí hacen falta recorrer poco más de 100 kilómetros, que un aventurero puede emprender a bordo de la empresa Aconquija. En estos colectivos los turistas suelen uir sentados y los pobladores originarios parados, por más que tengan 80 años. En ese pequeño poblado junto a los nativos residen algunos que se quedaron para siempre cautivados por el clima y otros que trabajan en las compañías mineras que comienzan a contaminar la zona.

Sin embargo, las tierras de los alrededores del pueblo, que se alarga a orillas de un arroyo seco, son de propiedad de comunitaria y cualquier decisión sobre una posible venta debe decidirse de acuerdo a los principios de las tribus originarias.

Ricardo Barreiro era un simple colaborador de Néstor Carlos y de Cristina Kirchner cuando el matrimonio llegaba a El Calafate. Y, como si siguiera el legado del tristemente célebre Ramón Hernández, se convirtió en empresario de la noche a la mañana. Con un crédito del Banco de la Provincia de Santa Cruz –propiedad del oscuro Enrique Ezquenazi- llegó a construir un hotel cuatro estrellas sobre la ruta provincial, muy cerca del acceso de Amaicha.

El hombre habría comprado los terrenos a Juan de Dios Ábalos, supuesto heredero. Esas tierras de propiedad comunitaria no pueden ser vendidas. Sin embargo, hasta 16 turistas por noche pagarían unos 100 dólares para disfrutar de los encantos del jacuzzi del moderno hotel.

Muy cerca del lugar, otra familia originaria está amenazada por un desalojo judicial. Claro que las 4 x 4 que Barreiro utilizará para llevar a sus visitantes, seguramente no irán en esa dirección sino que rumbearán a las Ruinas de los Kilmes. Ahí, los pobladores originarios que lograron zafar de esa tremenda caminata de mil kilómetros hasta el sur del Gran Buenos Aires (donde murieron cientos) también están siendo desalojados. A Don Rafael González, de 91 años de edad, le hicieron firmar unos papeles. Lo mismo que la señora de Caro. Sin saberlo, estaban firmando la sesión de los derechos de tierras que –como en Amaicha- son comunitarias.

Paradojas

En San Miguel de Tucumán y sus alrededores la sociedad argentina descubrió, a mediados del 2002, el hambre a través de la televisión. Hijos desnutridos de padres desnutridos siguen muriendo. Y los que viven carecen de de la capacidad física como para educarse e integrarse a la sociedad. La mayoría de ellos, marginados, come las migajas que la casta tucumana deja caer elección tras elección. Ya ni siquiera cortan caña en tierras ajenas. Fueron reemplazados por las máquinas. Ellos son, en la gran mayoría de los casos, descendientes de pobladores originarios que, como en los casos expuestos, fueron lentamente expulsados de sus tierras. Se llevaron su silencio y su tristeza adentro. No hablan. Pocas veces se rebelan y sólo sirven a la hora de poner el sobre dentro de la urna.

No hay derechos para los pueblos originarios, a pesar de que la Constitución en su artículo 75 dice “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos (… …) y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”. Para los dudosos administradores de la Ley como Emma Lidia de Nucci, valen más los derechos anteriores a la Asamblea del año XIII que la propia Constitución.

Así las cosas, los indígenas tucumanos seguirán confirmando las explicaciones de Jean Ziegler sobre las causas del hambre en el mundo. Y algún político hará de cuenta que toma resoluciones en serio, aunque ni siquiera se atreva a contestar una carta de la ONU, ni modificar en un ápice las causas del hambre estructural.

Mientras Néstor Kirchner vocifera en pro de los Derechos Humanos para algunos, es cómplice de la usurpación o el robo liso y llano a los que menos tienen. Claro que estas cosas no pasan sólo en Tucumán, pero en la provincia la situación es algo más que simbólica. En una sociedad que posee una casta tan apegada a conservar las tradiciones, puede encontrarse, cerca de la plaza principal, la casa natal del presidente Julio Argentino Roca. Y también, frente a la misma plaza, una placa recuerda la morada de Juan Bautista Alberdi. Roca planeó y ejecutó el exterminio de pueblos originarios en la Argentina. Sobre las ideas de Alberdi se la Constitución y fue el autor del Código Civil que sentó las bases de una convivencia de respeto de las diferencias bajo la democracia. Fue quizás uno de los pocos prohombres de la historia argentina. Su casa fue demolida. En su lugar hay un shopping donde señoras coquetas toman el té. A sus puertas varios nenes con tez trigueña, como la de sus ancestros piden, descalzos, una moneda para poder comer.